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NOTAS ESPECIALES

Salud Pública en peligro – Sin fondos para dialisis

El desfinanciamiento en el sector de la salud pública de Argentina es además de alarmante, progresivo. En el contexto de la Segunda Cumbre de Discapacidad donde nuestro país es sede este año, los centros de dialisis denuncian falta de fondos para realizar tratamientos.

Recuperado de Revista Noticias – 6 de junio de 2019
Autora: Andrea Gentil

Crisis en el sector de la salud: diálisis en alerta roja

Mientras el gobierno argentino se preparó para que Buenos Aires sea sede de la Cumbre Global de Discapacidad que tiene lugar del 6 al 8 de junio, los reclamos de sectores vinculados a la salud de quienes tienen algún tipo de discapacidad siguen en aumento. Uno de ellos es el de los centros que brindan tratamientos de diálisis en todo el país y cuyos pacientes, en su gran mayoría, tienen obras sociales financiadas por el Estado: denuncian una asfixia económica tal que, aseguran, unos 30.000 pacientes están en riesgo de perder sus tratamientos. Todo esto sucede al mismo tiempo que se destinan 65 millones de pesos a la organización de la Cumbre.

Los centros de diálisis tratan a pacientes que, en su enorme mayoría, tienen como principal financiador al Estado (principalmente a través del PAMI, de la Agencia Nacional de Discapacidad, y de obras sociales provinciales), que ofreció un incremento del 33% en las prestaciones, prorrateado en diferentes meses. “El sector de diálisis atraviesa en la actualidad una compleja situación de emergencia en todo el país, profundizada por los desfasajes económicos ocurridos a partir de abril del 2018. Hemos denunciado esta terrible situación y hemos explicado a los funcionarios de turno, de manera exhaustiva y detallada pero sin éxito, la magnitud del problema y las consecuencias indeseables que ocasionan estas políticas de ajuste. La falta de actualización razonable y la enorme demora en los pagos tornan imposible el sostenimiento de los servicios”, aseguran desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD).

Los tratamientos dialíticos suelen realizarse tres veces por semana por paciente, en sesiones que pueden demandar entre cuatro y seis horas cada una, dependiendo de lo que necesite cada persona. Esto equivale a unos 390.000 tratamientos mensuales, que se practican con equipamiento, medicación y materiales descartables, mayormente importados.

“Las prestaciones tienen atrasos desde hace una década -advierte Alfredo Casaliba, presidente de la ARD-. Pero desde abril del 2018 a la fecha la situación empeoró mucho: nuestros insumos están dolarizados, la medicación es importada, aumentaron servicios como la luz y el agua, que nosotros usamos en gran cantidad. Mientras, los valores de las sesiones están prácticamente fijos. PAMI, por ejemplo, nos aumentó un 38% cuando cargamos con una inflación del 54% y un dólar en suba casi permanente”.

De acuerdo con Casaliba, los centros de diálisis están endeudándose a cada paso. Con el Estado (lo que hace que tengan sus cuentas embargadas), con el personal técnico y de servicios (cuyos sueldos, en muchos casos, tienen atrasos), con los proveedores (lo que implica que empiecen a estar carentes de insumos). “También tienen deudas con los bancos, porque muchos han pedido créditos y se han sobregirado en sus cuentas corrientes”, señala el presidente de la ARD.

Este combo, dicen desde la asociación, determinó el cierre de centros de diálisis. En los últimos sesenta días, tres de ellos, y ya hay lugares en Munro, Cañuelas, Lujan, Colón, que corren riesgo de pronto cierre. Esto se reproduce en todo el país y además no se están recibiendo pacientes nuevos.

Algo a tener en cuenta en este conflicto es que la población que sufre insuficiencia renal grave y precisa diálisis suele ser carenciada: no llegaron a tratarse a tiempo.

Margen de maniobra. La obra social que más cantidad de pacientes en diálisis tiene es PAMI, con un 66% en todo el país. Terminó de pagar el 50% de lo que adeudaba en el mes de marzo. El titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), Darío Zapata, declaró al respecto: “Hace un mes y medio nos respondieron que nos darán un aumento del 6% dividido en dos veces, a razón de un 3% en abril y de un 3% en mayo. Es irrisorio.”. La CADRA representa a 186 centros de diálisis, del total de 300 prestadores que hay en el país.

La segunda obra social que debe dinero es Incluir Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo último pago data de diciembre del 2018. La CADRA envió una carta documento al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con detalle de lo adeudado por la ANDIS, para que “instruya a los funcionarios de la agencia a que cumplan con su obligación de garantizar y asegurar la prestación médica de 782 pacientes del programa Incluir Salud (EX PROFE ) y 60 pacientes PNC (pensiones no contributivas)”.

En estos momentos, el PAMI está pagando 3.100 pesos por cada sesión de diálisis. En los Estados Unidos, el costo de cada una ronda los 180 dólares. En Francia y Holanda, el pago es de 220 euros cada sesión. En la Argentina entonces, el Estado le está abonando a los centros de diálisis unos 70 dólares al cambio actual. “En la Argentina se da la misma calidad de atención que en los Estados Unidos o Europa –asegura Casaliba-. No pretendemos que nos paguen lo mismo que en esos lugares, pero sí recibir un valor razonable para poder llevar a cabo los tratamientos, renovar equipos, poder pagar los insumos importados, pagar los salarios que un personal tan especializado debería estar cobrando.”

El jueves 23 de mayo, nefrólogos y personal de diferentes provincias concurrieron a la sede central del PAMI pidiendo ser recibidos por Sergio Cassinotti, director del organismo. “Nos ofreció hablar con otro personal con el que ya habíamos estado y que no tiene capacidad de decisión. Nos cerraron las puertas e incluso las rejas, con candado”, describe Casaliba.

Fuentes del PAMI consultadas por NOTICIAS dieron su versión: “Sostienen que el organismo no los quiso atender. Se les ofreció ser recibidos por el Secretario Técnico Médico, máxima autoridad médica de PAMI, pero no aceptaron. Sólo querían reunirse con el director”. Y agregaron: “Más allá de eso, PAMI le dio al sector un 38% de aumento en 2018 y fue trabajando distintas mejoras en, por ejemplo, los costos de traslados de pacientes y en el pago en los primeros días del mes. ”.

En pocos días más comenzará la Cumbre Global de Discapacidad. Para pagar su organización se destinaron, tal y como consta por Resolución 215/2019, la suma de 65.255.943,92 de pesos a la oferta presentada en la licitación por la firma Congresos Internacionales SA. Los hechos que se viven en el país no se condicen con lo que se dice, ni con lo que intenta mostrársele a la comunidad internacional.

Dichos y hechos. Esta edición “busca fortalecer el compromiso de Latinoamérica y del mundo para asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos, libertades y dignidad humana. La Cumbre representa una oportunidad para reflexionar sobre la formulación y el fortalecimiento de políticas públicas y buenas prácticas en los diferentes paneles de discusión, en los cuales la voz principal será la de las personas con discapacidad”, asegura la Agencia Nacional de Discapacidad en su sitio web.

Aquí y ahora, la realidad argentina es bien distinta. Hay denuncias de que Incluir Salud (dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas, que no cuenten con asistencia de servicios de salud tales como obras sociales y que reemplazó al ex Profe), no está pagando el transporte para chicos discapacitados desde el año 2017. El reclamo, además de este atraso, es por el aumento de los aranceles de emergencia y en protesta al recorte en pensiones por discapacidad. Fue por eso que personas con discapacidad, sus familias, profesionales y representantes de instituciones y transportistas llevaron su protesta a la Quinta de Olivos el 16 de mayo pasado.

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