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Semana Santa del 87, el primero de cuatro alzamientos carapintadas

Luego del juicio a las juntas militares en 1985 se profundizó la tensión entre el gobierno de Raúl Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Las sospechas y las acusaciones que pesaban sobre muchos militares por haber realizado crímenes de lesa humanidad generaron un estado de malestar en las filas castrenses.

En Córdoba, a mediados de abril de 1987, durante la celebración católica de la Semana Santa, el mayor Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro clandestino de detención “La Perla», se negó a hablar y se declaró en rebeldía. En Buenos Aires, el coronel Aldo Rico se sumó a la rebelión y ocupó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Los militares sublevados en la Semana Santa de 1987 aparecieron ante las cámaras de televisión portando sus armas y con los rostros pintados con betún, como si fueran a la guerra. Ese fue el origen de la denominación “carapintadas”.

El alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987 fue derrotado por una eficaz combinación de movilización popular espontánea y convocatoria política amplia, según coinciden hoy diversos protagonistas de aquellas jornadas en que la democracia estaba en peligro.

Pero, los alzamientos carapintadas no acabaron en la Semana Santa de 1987 sino que se prolongaron hasta 1990, cuando una resuelta represión a los alzados terminó con la actividad de seis décadas del denominado “Partido Militar”.

Ocho meses después de rendirse en Campo de Mayo, Rico escapó del arresto domiciliario donde esperaba un juicio por rebeldía y se atrincheró en el regimiento de la localidad correntina el Monte Caseros, con el mismo programa de reivindicación militar.

La tercera intentona carapintada fue encabezada en diciembre de 1988 por Mohamed Alí Seineldin, un nacionalista católico de buena reputación militar por su actuación en la Guerra de Malvinas, que tomó el destacamento militar de Villa Martelli, hoy convertido en el predio de Tecnópolis.

Miles de civiles rodearon el cuartel en la última de las cuatro jornada que duró el alzamiento, que concluyó con un baño de sangre con una decena de muertos por balas disparadas por la policía y desde el cuartel luego de la rendición.

El 3 de diciembre de 1990, ya con Menem en el poder, el mismo militar y sus seguidores tomaron el edificio Libertador hasta que un general artillero -y también veterano de Malvinas- recibió autorización presidencial para reprimirlos “con todos los medios”.

La derrota de los amotinados incluyó muertos, cañonazos y la humillación de ser exhibidos de rodillas y sin borceguíes, además de la posterior destitución y condena a prisión perpetua de su líder, amnistiado 12 años más tarde.

La tarea fue cumplida por Martín Balza, quien con el grado de coronel y destino en Neuquén, había ofrecido refugio a Alfonsín en la Semana Santa de 1987.

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